Nuevo proyecto de ley de Comunicación Audiovisual en marcha: ¿Será una directiva democrática o sólo se jactará de serlo?

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“El periodismo es libre o es una farsa”, escribió el revolucionario y prestigioso periodista desaparecido Rodolfo Walsh. Una célebre frase que debería servir de guía de acción.

Sin embargo, no resulta recomendable caer en la ingenuidad de que la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual generará en un parpadeo el renacer de una nueva era en la esfera de la comunicación y la aparición repentina y masiva de un periodismo independiente. La cruda realidad no puede dejar de mostrar, implícita o explícitamente, la existencia de diversos intereses políticos y sustentación.

Aún así, la nueva iniciativa podría realizar- si se logra un real debate y consenso en el Congreso de la Nación- una importante contribución a la democracia y al derecho ciudadano de estar informados, al menos, mediante una mayor pluralidad de voces.

Cristina Fernández firmó y envió hoy el cuestionado proyecto de radiodifusión al Parlamento. Existen muchas divergencias en el asunto, y desconfianza por parte de diferentes actores sociales en vigor del tipo de vínculo que ha mantenido tanto la Presidenta como Néstor Kirchner con la prensa durante su mandato. Pero lo cierto es que la iniciativa propone una distribución más equitativa y justa del otorgamiento de voces, y podría terminar finalmente con la vigencia de una ley de radiodifusión que rige, increíblemente, desde la última dictadura militar.

La distribución que propone el proyecto es de 33 por ciento para el área comercial, es decir para lo privado, 33 para el sector público, y el mismo número para las entidades no gubernamentales, lo que incluye desde organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades e iglesias hasta sindicatos.

“Es una prueba para la democracia”, declaró Cristina Fernández en una conferencia de prensa emitida por Cadena Nacional. Mientras tanto, una marcha en su apoyo colmaba la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, con banderas, pancartas, petardos, silbatos y bombos sonando a tono a modo de festejo, bocinas y cánticos. Además de militantes, organizaciones como la CTA y la CGT, funcionarios de Gobierno, embajadores, representantes de diversas iglesias y medios de comunicación, estaban presentes distintas ONG s, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Desde la vigencia de la democracia, según la emisión del noticiero de este mediodía del canal televisivo Todo Noticias (TN), hubo 207 modificaciones a la ley de radiodifusión, pero nunca normativa nueva. Cristina Fernández dedicó en su discurso la inciativa a los periodistas desaparecidos en la última dictadura militar, y aseguró que el suyo sería el primer gobierno en realizar una acción de esta índole.

Sugirió que esto sería por la existencia de un "suprapoder" que imponía sus pretensiones a los tres poderes del Estado. En realidad, si hubo propuestas anteriores de directivas diferentes al respecto, aunque distinas a la actual, pero ninguna llegó a cobrar valor legal.

¿Qué dicen los grandes medios?

Los grandes medios de comunicación son los que manifiestan mayor oposición a la iniciativa del Ejecutivo, básicamente por el poder que perderían con la nueva distribución.

Algunos sugieren que en realidad “el matrimonio presidencial” habría tenido fallidos intentos de comprar algunos medios y que, ante el fracaso de tal operación, pretenden ahora quitarles espacio. Alegan que estarían así coartando su libertad de expresión.

Por ejemplo, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) afirmó el pasado mayo en Washington que el proyecto hace peligrar la libertad de prensa. Sin embargo, la Presidenta advirtió en la conferencia emitida por Cadena Nacional que no hay que confundir libertad de expresión con libertad de extorsión.

Más allá de la veracidad o falsedad de las supuestas intenciones de apropiación de redes de información y demás, la realidad es que lo que se estaría haciendo, si se lograra un real consenso en el Parlamento, es reducir el poder de las grandes redes y otorgar voz a muchos que hoy no se oye.

Se estima que el tratamiento del proyecto comenzaría por la Cámara de Diputados de la Nación, donde el Ejecutivo reúne la mayoría de representantes que precisaría para aprobar su iniciativa, y luego seguiría por el Senado. Pero aún no se conoce este dato de forma oficial.

¿Cuál es el preocupación de la oposición?

Que el proyecto, antes de llegar a sesión, pase sólo por determinadas comisiones, como Libertad de Expresión y Asuntos Constitucionales, en donde la iniciativa podría tener un rápido tratamiento por los representantes oficialistas que las integran. Y no por todas las comisiones que deberían tener intervención, como Presupuesto y Hacienda, cuya prioridad actual es el presupuesto para 2010.

En este sentido, la preocupación gira en torno al eje de que la ley sea aprobada sin consenso y sin posibilidad de reales modificaciones, como, entre otras cosas, parámetros de otorgamiento y renovación de licencias.

Si bien resulta primoridal que una directiva de comunicación reemplace a una vigente desde la dictadura lo antes posbile, una ley de semejante envergadura debería ser revisada, punto por punto, en profundidad por todas las comisiones relacionadas con la problemática. Con apertura a modificaciones, a un real debate y consenso en el que puedan participar los más diversos actores sociales con el fin de garantizar una nueva normativa que realmente sea democrática y no sólo se jacte de serlo.